La vivienda, su carestía y la falta de asequibilidad están en las agendas estratégicas de todas las instituciones públicas y en el punto de mira social.

En enero de 2024 FUNCAS (Fundación de las Cajas de Ahorros) publicó su Cuaderno de Información Económica en el que afirmaba que la asequibilidad de la vivienda ha empeorado en los últimos años por la subida de los precios, las inadecuadas políticas de suelo y el aumento de la demanda, haciendo del problema de la vivienda un factor fundamental para un desarrollo económico y social sostenible. Nos hicimos eco en nuestra publicación sobre el derecho a la vivienda.

En febrero de 2025 se presentó el informe ‘La vivienda, quinto pilar del estado de bienestar’, excelente diagnóstico con propuestas abordables, que nos llenaron de esperanza, lo que motivó que le dedicáramos un espacio en nuestra web.

El pasado mes de diciembre se publicó el Plan de Vivienda Asequible de la UE, de marcado  carácter muy institucional y con pocas propuestas prácticas, aunque poniendo las bases para el abordaje del problema.

A nivel de Estado, se lleva años aprobando los Planes Estatales de Acceso a la Vivienda, aunque con distintos niveles de aplicación y de resultados entre las diferentes autonomías.

Por su parte, diversas comunidades autónomas, incluida la Región de Murcia, han hecho públicos sus programas o propuestas normativas en esa misma línea.

Y recientemente FOESSA lanza su IX Informe sobre exclusión y desarrollo social en el que la vivienda tiene un destacado protagonismo.

Informe FOESSA

En el IX Informe FOESSA, hecho público recientemente, además de la vivienda se identifican otros aspectos que generan vulnerabilidad y exclusión, como la precarización del mercado laboral, el debilitamiento de las redes de protección y apoyo, las brechas educativas y la concentración de la exclusión en determinados territorios.

El informe constata que la crisis habitacional se ha convertido en un nuevo eje de exclusión, incluso de mayor calado que el nivel de ingresos, y que afecta de forma importante a la población joven. Asimismo señala que el mercado de alquiler se consolida como una vía hacia la exclusión residencial.

Simultáneamente, la vivienda constituye el principal motor de concentración de riqueza, en un proceso de dramática intensificación en nuestro país, que ya mantiene niveles de desigualdad significativamente superiores a la media europea.

Según el informe, ‘la vivienda exige una respuesta estructural que priorice derecho frente a especulación.’

Y esta afirmación se basa en los siguientes hechos:

España cuenta con 3,8 millones de viviendas vacías (récord en la UE) mientras que amplias capas de la población sufren graves problemas de acceso a la vivienda.

El esfuerzo económico para acceder a una vivienda en alquiler se sitúa en un desproporcionado 43,1% de los ingresos (en el caso del quintil más bajo de renta) frente al 31,9% en la UE (para el mismo quintil).

El modelo inmobiliario español se basa en la especulación y en la propiedad entendida como inversión y no como derecho, lo que ha generado un creciente divorcio social entre propietarios, lucrándose con revalorizaciones desproporcionadas, y una mayoría de la población con dificultades crecientes de acceso, tensionando los precios y reforzando desigualdades.

Sentimos no poder incluir información del Informe FOESSA referida a la Región de Murcia, ya que es de las pocas autonomías de las que todavía no se ha publicado.

No hace falta inventar la rueda

En la práctica, constatamos una diferencia importante en los resultados obtenidos por las instituciones que se limitan a proclamar planes sobre vivienda y las que aplican programas con visión estratégica.

Modelos no faltan: Viena destaca por su significativo 40% de vivienda social, Dinamarca y Países Bajos por su elevado ratio (de hasta el 35%) de viviendas en cesión de uso, Alemania y Dinamarca por aplicar el derecho de tanteo y retracto para que las comunidades de inquilinos/as puedan acceder de forma cooperativa a la propiedad de sus viviendas, Vancouver y Barcelona ponen coto a la turistificación de la ciudad, que expulsa de los barrios a sus moradores, impidiendo la compra de inmuebles a no residentes (entre otras medidas), Vancouver hace frente a los guetos sociales (que en París ocasionaron tantos importantes disturbios) obligando a que las promociones de vivienda dediquen al menos el 50% a viviendas sociales (aun accediendo por otra entrada), y así un largo etcétera.

No podemos pasar por alto que las administraciones públicas siempre intervienen, incluso las más neoliberales. La cuestión es si su intervención favorece la especulación o el derecho a la vivienda. Si favorece la implantación de los grandes grupos de inversión o regula el mercado con criterios de asequibilidad.

Un ejemplo de mala praxis: Recientes publicaciones informan que en Madrid los cuatro grandes grupos inversores norteamericanos copan entre el 70% y el 80% del mercado inmobiliario de alquiler, lo que les permite escalar los precios a su antojo, arrastrando al resto de propietarios, en contra del derecho a la vivienda. Generando así la paradoja que de que los grandes grupos inversores, que se nutren de nuestros planes de ahorro y pensiones, son los que nos expulsan de nuestras casas y de nuestros barrios.

Necesitamos una política de construcción de vivienda social, tanto para alquiler como para compra, bajo el principio irrenunciable de su integración permanente en un parque público de vivienda, que es clave para garantizar el derecho a la vivienda a medio y largo plazo. De este modo se evitaría que los recursos públicos terminen alimentando nuevamente dinámicas de especulación.

También hay medidas eficaces y de bajo coste público. Se ha comprobado que es más eficaz poner límite al precio del alquiler mediante su regulación que incrementar el parque de viviendas. Que es efectivo limitar la plusvalía sobre el valor del suelo para conseguir viviendas más asequibles. O que favorecer la cesión temporal de viviendas deshabitadas a las administraciones, con garantías de ingresos y devolución mejorada en el plazo acordado, hace crecer el parque público y social de viviendas sin costosas inversiones.

Con medidas adecuadas se puede garantizar el derecho a la vivienda del conjunto de la sociedad, sin pretender eliminar el mercado libre de vivienda para el sector de la población que lo pueda pagar.

Cohousing y vivienda

El modelo de viviendas colaborativas, de propiedad cooperativa, sin ánimo de lucro y en cesión de uso, se sitúa como una aportación significativa para la solución a la situación actual.

La vivienda colaborativa en cesión de uso es más asequible y sostenible, lo que facilita el acceso a una vivienda digna.

El compromiso de nuestra asociación Murcia Cohousing con el desarrollo de este modelo de vivienda colaborativa se basa en el convencimiento de que es una alternativa válida ante problemas sociales acuciantes, como es el de la vivienda.

Animamos a todas las personas afectadas por el problema de acceso a la vivienda a conocer las viviendas colaborativas y sus posibilidades.

Invitamos a todas las personas interesadas en ser parte de la solución a este problema social, a contactar con Murcia Cohousing para conseguir un mejor y mayor desarrollo de las viviendas colaborativas.

Desde la asociación Murcia Cohousing difundimos el modelo, exigimos su reconocimiento público y apoyamos a los grupos que quieren desarrollar proyectos de este tipo a la vez que hacemos de punto de encuentro entre las personas interesadas.