El pasado 20 de febrero se dio a conocer en Madrid el informe realizado por el grupo VISO e impulsado por Ingeus–Daleph, titulado ‘La vivienda, quinto pilar del Estado de bienestar’.

Este informe plantea que la vivienda es el quinto pilar del estado de bienestar, incluyéndose junto con los otros cuatro pilares reconocidos en Europa: sanidad universal y gratuita, seguridad social para pensionistas, desempleados y atención de otras contingencias, educación universal y obligatoria, o subvencionada en niveles altos, y servicios sociales para asistencia en situaciones de vulnerabilidad y dependencia. 

“En las pasadas décadas, España ha sido capaz de dotarse de potentes y modernas infraestructuras sanitarias, educativas y de previsión social. Estamos perfectamente equipados para hacer lo mismo en materia de vivienda social y asequible pública y público-privada. Y millones de personas no pueden esperar más a que ese cambio se inicie”, destaca Javier Burón, director gerente de Nasuvinsa y miembro del grupo VISO.

Incluir la vivienda como quinto pilar supone ‘garantizar el acceso a la vivienda con una perspectiva de transformación social, promoviendo la equidad, la sostenibilidad y la mejora de las condiciones de vida de las personas más vulnerables.’

Afirman: ‘La vivienda debe ser entendida no solo como un bien material, sino como una infraestructura social clave, dotada de un propósito social que la convierta en un motor de transformación y progreso colectivo.’ Ese propósito social se desarrolla mediante servicios integrados de acompañamiento social, laboral y formativo que permitan mejorar la autonomía y progresión socioeconómica de las personas y las familias beneficiarias de las ayudas públicas a la vivienda.

Sin embargo, en la realidad estamos viviendo un incremento de la dificultad de acceso a la vivienda, que lo ha convertido en uno de los retos sociales más relevantes, llegando a constituir uno de los indicadores de pobreza por su enorme repercusión en la desigualdad.

El acceso a la vivienda ya no es sólo un problema para los colectivos más vulnerables, sino que afecta a amplias capas de la sociedad que no pueden asumir los crecientes alquileres, que no consiguen acceder a la compra de una vivienda por la baja capacidad adquisitiva residual tras sufragar los gastos del alquiler o que no pueden llegar a emanciparse: nuevas familias, jóvenes, personas trabajadoras con sueldos bajos y medios, estudiantes, personas jubiladas y todos aquellos colectivos sin recursos económicos suficientes que les permitan el acceso a una vivienda y, con ello, a una vida digna.

Según el estudio de 2023 del Ministerio de Derechos Sociales publicado con el título ‘Prevención y atención de la exclusión residencial. Factores explicativos’, el 29,5% de los hogares se encuentran en situación de exclusión residencial, y el problema de la asequibilidad afecta al 20,8% de los hogares.

Es decir, es un reto de tal envergadura que es necesaria una importante inversión pública, que debe ser complementada con financiación privada no especulativa y con un impacto social real, es decir, es necesario avanzar hacia fórmulas de colaboración público-privada-social.

“Este reto debe enfocarse no sólo como una política de provisión de vivienda, sino como una oportunidad única de transformación social, donde las soluciones habitacionales contribuyan a mejorar la situación económica y social de las personas más vulnerables, mediante programas integrales de acompañamiento sociolaboral y acceso a prestaciones y ayudas para asegurar la mejora de las condiciones de vida”, indica Gregori Cascante, CEO de Ingeus y fundador de Daleph.

En este sentido, junto con las políticas de acceso a la vivienda, hay que impulsar, de forma decidida, la lucha contra la exclusión y, por tanto, la transición a situaciones de integración social, de forma que facilitar el acceso a la vivienda no suponga una cronificación de las situaciones de riesgo o exclusión social, sino que se erijan como instrumento básico para reducirlas y combatirlas.

Esta visión justifica sobradamente el subtítulo del informe: ‘De la asignación a la transformación social’.

Propuestas del informe

La vivienda debe ser considerada una infraestructura social clave dotada de un propósito social que la convierta en un motor de transformación y progreso colectivo, promoviendo la equidad, la sostenibilidad y la mejora de las condiciones de vida de las personas más vulnerables. La vivienda debería ser concebida hoy el quinto pilar del Estado de bienestar.

Según el informe, la falta de acceso a la vivienda se ha convertido en los últimos años en uno de los retos sociales más urgentes.

En España no tenemos un parque público de viviendas suficiente para atender a todas las personas con dificultades de acceso a un hogar.

Hoy, España cuenta con un parque público de 300.000 viviendas sociales de un total de 19 millones de primeras residencias (1,5%), muy lejos de la media europea (9%) y de los países más avanzados en este terreno, algunos de los cuales llegan al 30% del parque de viviendas.

La inversión pública en vivienda representa sólo un 0,15% del PIB, frente al 7,8% destinado a sanidad o el 4,9% a educación.

El esfuerzo de las familias para disponer de una vivienda digna, en términos de renta, no debería superar el 30% de sus ingresos.

El informe estima que, en una primera fase, para cubrir las necesidades más urgentes, la cantidad de viviendas necesarias para abordar el grave problema de la vivienda en España es de 1.822.000 viviendas en 10 años. 

A medio plazo, debería incrementarse ese número hasta un total de casi 4 millones de viviendas, lo que nos alinearía con otros países europeos más avanzados, donde alrededor del 20% del parque de viviendas está destinado a colectivos con dificultades de acceso.

Desglosando el volumen necesario de la primera fase entre viviendas sociales y asequibles, se necesitarán 332.000 viviendas sociales (el 18,2%) y 1.490.000 viviendas asequibles (el 81,8%), distinción basada en el grado de intervención o ayuda pública que precise. 

Los viviendas sociales estarían orientadas a familias en situación de vulnerabilidad, aquellos hogares cuya cuota de esfuerzo supere el 40% con ingresos inferiores a 2.000 euros o el 50% con ingresos inferiores a 2.500€. Incluye a los hogares beneficiarios de ayudas públicas y programas de acompañamiento social, laboral y formativo.

Las viviendas asequibles serían para familias con ingresos medios, que no pueden acceder al mercado libre, cuya cuota de esfuerzo oscila entre el 30% y el 40%, y con ingresos netos iguales o inferiores a 2.500 euros mensuales. Dispondrían de ayudas públicas para que su alquiler quedara entre un 40 y un 60% del valor de mercado, si son viviendas públicas, y entre un 60 y un 80% del valor de mercado, si son viviendas de promoción privada.

Seguirían existiendo las viviendas a precio de mercado, en las que su alquiler estaría a partir del 80% del valor de mercado y no tendrían ayudas públicas.

El informe detalla los posibles mecanismos a utilizar para el aprovisionamiento de las viviendas necesarias sociales y asequibles en el corto, medio y largo plazo, un interesante catálogo de opciones viables para dar respuesta al problema de asequibilidad de la vivienda.

Los recursos económicos para conseguirlas se calculan en unos 250.000 millones en 10 años.

En la implantación de los distintos mecanismos propone priorizar la provisión de vivienda para las personas con mayores necesidades, entendida como un recurso temporal destinado a familias que la necesitan mientras trabajan para mejorar su situación, no como una solución permanente que cronifique situaciones de vulnerabilidad.

“Este modelo de corresponsabilidad implica que, a medida que las condiciones sociales, económicas y laborales mejoran, las personas deberían esforzarse por acceder a una vivienda que requiera menor intervención del Estado, y permitir así que otras puedan beneficiarse de este recurso”, según afirma Albert Sala, director de operaciones de Ingeus.

Las viviendas colaborativas como parte de la solución

El movimiento de las Viviendas Colaborativas en España no tiene la dimensión suficiente para ser un motor de cambio ni siquiera para abordar la situación de carencia de vivienda actual, pero es y debe ser considerado un actor importante en el desarrollo de viviendas asequibles con vocación transformadora de la sociedad.

Por ello es fundamental que las administraciones públicas reconozcan y apoyen este modelo, generando espacios de colaboración pública – privada con las cooperativas de viviendas colaborativas en cesión de uso.

La cesión de superficie sobre suelo público es, sin duda, uno de los mecanismos más potentes que pueden poner en marcha las administraciones para generar viviendas asequibles con el menor coste público y con la perspectiva de incrementar el parque público de viviendas. 

El hecho de que las beneficiarias de la cesión de suelo público sean cooperativas de vivienda en cesión de uso sin ánimo de lucro garantiza que se mantengan fuera del mercado inmobiliario especulativo y, por consiguiente, con un alto nivel de asequibilidad en el tiempo.

La situación en Murcia

También la Región de Murcia tiene una importante necesidad de vivienda social y de vivienda asequible.

Por eso nos alegra la iniciativa de la Consejería de Fomento redactando una normativa específica para este fin, en la que está dando participación a distintos agentes sociales, deseando que llegue a buen fin, es decir, que sirva para mejorar la situación de la vivienda en nuestra región.

Estamos convencidos  que en la elaboración de esa normativa se habrán tenido en cuenta las experiencias de éxito existentes, favoreciendo la aplicación de mecanismos que faciliten el aprovisionamiento de vivienda social y asequible desde el corto plazo, como sugiere el informe ‘La vivienda, quinto pilar del Estado de bienestar’.

Como es habitual, nuestra asociación está en disposición de apoyar los cambios que favorezcan el acceso a una vivienda digna, aportando la visión de transformación social que supone, además de hacerlo desde la óptica de las viviendas colaborativas en cesión de uso sin ánimo de lucro, conocidas internacionalmente con el nombre de cohousing.