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El modelo de viviendas colaborativas de Uruguay

Publicado el 20 de mayo de 2024

Escrito por Murcia Cohousing

Participamos en la Jornada organizada por Ucomur

El 17 de mayo se celebró en los locales de Ucomur (Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de la Región de Murcia) una breve jornada bajo el título ‘Las cooperativas de viviendas: Entre la Región de Murcia y Uruguay’, que también pudo seguirse online.

La jornada, organizada por Ucomur, fue inaugurada por Francisco Pérez-Caballero, miembro del Consejo Rector de Ucomur y presidente en funciones de FECOVI (Federación de Cooperativas de Vivienda y Rehabilitación Valenciana).

Contó con la presencia de Gustavo Machado, académico de Trabajo Social y de Cooperativismo de Vivienda de la Universidad de la República de Uruguay, Carmen Rico, presidenta de la Asociación Murcia Cohousing y Josefa Alcaraz, representando a la Cooperativa La Rosaleda.

El cooperativismo de viviendas en Uruguay

Gustavo Machado expuso de forma clara y documentada la evolución y situación del cooperativismo de vivienda en Uruguay, que se desarrolla sobre todo a partir de la ley 13728 de Plan Nacional de Vivienda de 1968, aportando el respaldo legal que permitió a los sindicatos lanzarse al cooperativismo de vivienda como forma de satisfacer el derecho a la vivienda de los y las trabajadores/as, reconocido en la Constitución de Uruguay.

En contraste con el modelo español de cooperativas de vivienda, en el que la cooperativa se disuelve tras terminar la construcción y hacer la división horizontal, en Uruguay un 60% de las cooperativas de vivienda funcionan en cesión de uso a sus personas socias, permaneciendo la propiedad en manos de las cooperativas. Es decir, se mantienen como lo que en España llamamos viviendas colaborativas en cesión de uso.

Otro contraste significativo es el porcentaje de viviendas cooperativas frente al total, que en 2019 estaba en el 4,27%, con más de 53.000 viviendas de este tipo en Uruguay. En España el porcentaje de las viviendas colaborativas en cesión de uso es insignificante.

La propiedad colectiva se erige así en alternativa a la producción especulativa y mercantilizada de la vivienda, permitiendo el ejercicio del derecho de acceso a una vivienda digna para  las personas trabajadoras e, incluso, incorporando a esta dinámica a sectores de extrema pobreza. Esto ha logrado que Uruguay sea, en la actualidad, un referente mundial en viviendas cooperativas en cesión de uso.

Las claves del modelo uruguayo

El derecho a la vivienda, reconocido en la Constitución Uruguaya, propició la aprobación de una ley que abría importantes opciones para conseguirlo, de forma que desde aquella fecha hasta la actualidad el parque de viviendas cooperativas no ha hecho más que crecer, incluso durante la dictadura militar, reconociendo la vivienda como una política de Estado, más allá de colores políticos.

El desarrollo de las viviendas cooperativas en Uruguay tiene cuatro claves importantes, amparadas por la ley:

  • Toda la gestión la asume la cooperativa: adquisición, contratación, inversión, proyectos, etc., en formato de autogestión.
  • El Estado controla el cumplimiento de las formas cooperativas, aportando financiación estatal para el desarrollo del proyecto. Actualmente aporta un 0,5% de su PIB para vivienda.
  • Se generan los institutos de asistencia técnica (IAT), sin ánimo de lucro, orientados a la optimización de la calidad y los costos.
  • Los proyectos se enfocan a recuperar lo común y lo comunitario, generando otras formas de relación entre las personas y con los bienes naturales, materiales y afectivo-simbólicos, haciendo de la cooperativa una red social y un espacio distinto de socialización y de construir la ciudad. 

El gran desarrollo del movimiento cooperativo de vivienda, la conveniencia de compartir experiencias y la necesidad de defender los logros conseguidos ha favorecido la creación de federaciones de segundo grado, que tienen un importante dinamismo.

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Políticas públicas para el acceso a la vivienda

La ley uruguaya no sólo aporta el marco legal, sino que éste aborda una serie de políticas públicas claramente orientadas al ejercicio del derecho a la vivienda de la población uruguaya.

Las administraciones públicas uruguayas, especialmente las departamentales (lo que serían nuestros ayuntamientos) gestionan el suelo, reservando carteras de solares e inmuebles para la construcción de viviendas cooperativas.

Las cooperativas pueden comprar ese suelo a las administraciones públicas, fuera del mercado especulativo. La administración local, con el importe de la venta de la cartera de solares, compra nuevos terrenos, generando así un Fondo Rotatorio Solidario que permite abastecer a las cooperativas del espacio para desarrollar sus viviendas. Este fondo es cogestionado entre el gobierno departamental y las federaciones de cooperativas de vivienda.

A su vez, el Estado financia el 85% del importe de las viviendas cooperativas, a 25 años y con un 2% de interés fijo, lo que permite a las personas y familias trabajadoras disponer de una vivienda digna a un precio asequible.

El Estado fija el precio de la vivienda sobre la base del número de habitaciones o m2 construidos, sobre el que establece el cálculo de la financiación.

La financiación incluye también la adquisición del suelo, que no puede superar el 10% del préstamo, el pago de honorarios del IAT (Instituto de Asistencia Técnica), que no puede superar el 10% del total de la obra, y el resto del proyecto: gastos en infraestructura, materiales, mano de obra, seguros sociales, tasas, permisos, escrituras, etc.

La política estatal también apuesta por asegurar la continuidad de las personas usuarias de vivienda y garantizar una calidad de vida, de forma que limita el importe de la cesión de uso (similar al alquiler) a un 25% de los ingresos netos de la familia. Tanto es así que si una persona ve reducidos sus ingresos, el Estado subsidia la diferencia entre el 25% de sus ingresos hasta el importe de la cesión de uso.

Por último conviene destacar la importancia que en el desarrollo del modelo uruguayo tienen los Institutos de Asistencia Técnica (IAT), como catalizadores de la innovación, difusión de las experiencias cooperativas y desarrollo del cooperativismo basándose en proyectos exitosos.

Los IAT están regulados, y deben registrarse a nivel nacional. La inmensa mayoría se constituyen en cooperativa de trabajo asociado interdisciplinar sin ánimo de lucro, que debe cubrir los siguientes ámbitos profesionales: abogacía, notaría, trabajo social o facilitación de la gestión cooperativa, economía / finanzas y arquitectura.

El trabajo de estos institutos se centra en el asesoramiento y trabajo técnico, siendo las cooperativas las que deciden y gestionan.

Actualmente existen en Uruguay 67 IAT registrados, para una población de 3,5 millones de personas, aproximadamente.

La situación en Murcia

Para mostrar la situación de las viviendas colaborativas en cesión de uso en la Región de Murcia intervino la presidenta de Murcia Cohousing, Carmen Rico, informando de la historia, evolución y situación actual de la Asociación.

Destacó las acciones de difusión que se llevan a cabo y las reuniones que se están teniendo con cargos políticos regionales y locales con el fin de conseguir el reconocimiento que las viviendas colaborativas ya tienen en otras comunidades autónomas, proponer cambios legislativos y solicitar la adopción de políticas públicas basadas en las aportaciones sociales, económicas, medioambientales y culturales que las viviendas colaborativas promueven donde se ubican.

Terminó el turno de exposiciones Josefa Alcaraz, en nombre de la Cooperativa La Rosaleda, como botón de muestra de los proyectos que se están desarrollando en nuestra región desde dentro de la Asociación, poniendo en valor la experiencia y recorrido de su cooperativa y señalando las dificultades del camino generalizadas en este tipo de proyectos: creación, desarrollo y consolidación del grupo humano necesario para realizarlo, adquisición de un solar adecuado y financiación de la construcción.

En las intervenciones de las personas asistentes se expresó la alegría y la envidia ante la experiencia de Uruguay, destacando la inacción de nuestras administraciones para hacer efectivo el derecho de acceso a la vivienda, que se encuentra en una vorágine especulativa que dificulta, hasta hacer casi inviable, disponer de una vivienda digna, tanto en propiedad como en alquiler.

Ante todo esto, las viviendas colaborativas en cesión de uso se muestran como una opción válida, una alternativa viable, que debería ser apoyada desde nuestras administraciones públicas, tanto mediante las modificaciones legales necesarias, como mediante la adopción de medidas políticas que la desarrollen y garanticen.

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